La medida sorprendió a todos. El gobierno de Daniel Ortega disolvió a la Cruz Roja Nicaragüense tras acusarla de violar la neutralidad en las protestas de 2018 y la sustituyó por un organismo adscrito al gobierno.

«Derogase el Decreto Legislativo número 357 […] del 29 de octubre de 1958, mediante el cual se creó la Asociación Cruz Roja Nicaragüense», dice la resolución adoptada por la unanimidad de la Asamblea Nacional, controlada por el Frente Sandinista del presidente Daniel Ortega.

La norma aprobada por el parlamento ordena la creación de una nueva Cruz Roja Nicaragüense, que será un «ente autónomo descentralizado con personalidad jurídica, patrimonio propio y duración indefinida», adscrito al Ministerio de Salud.

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La derogación de Cruz Roja Nicaragüense como asociación, así como la creación de la citada organización en sustitución de la anterior, fue aprobada con 91 votos a favor en la Asamblea Nacional.

El régimen de Nicaragua envió en marzo de 2022 una carta al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para informar de la expulsión del jefe de la misión del país, Thomas Ess.

Pese a ello, la coordinadora de comunicación para México y América Central de la organización, María Cristina Rivera, aseguró entonces que seguían comprometidos con su labor humanitaria en el país. Además, es la única organización internacional que tiene acceso a visitas a los presos políticos en las cárceles de Nicaragua.

En marzo publicó un informe en el que alertaba de las «graves consecuencias humanitarias» tanto en México como en América Central, con énfasis en Nicaragua.

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Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.

En los últimos años el régimen de Nicaragua retiró la personalidad jurídica de numerosas ONG y organizaciones de la sociedad civil alegando supuestas irregularidades de tipo administrativo. Esto fue acompañado de otras medidas, como la suspensión de las relaciones diplomáticas con el Vaticano, la privación de nacionalidad a los disidentes o la expulsión de embajadores del país.