La Justicia de EE UU falló contra el Estado Argentino, que podría pagar indemnizaciones de hasta USD 20.000 millones por expropiación a YPF 

Después de  siete años de un largo y complejo proceso judicial en Estados Unidos, Loretta Preska, titular del tribunal de la Jurisdicción Sur de Manhattan, falló en el caso por la expropiación de YPF a favor de la empresa, dispuesta por Cristina Kirchner en 2012.

La decisión fue próspera para la petrolera, aunque no para Argentina que deberá seguir pujando en Estados Unidos en contra el fondo Burford, que le compró el derecho a litigar a empresas privadas que eran accionistas de la petrolera y en su momento aseguraron haber sido perjudicadas y cuyos derechos fueron reconocidos hoy por el tribunal.

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Preska aseguró que “los demandantes eran tenedores de valores de YPF en los momentos necesarios y, por lo tanto, tienen derechos contractuales exigibles frente a la República” y que también merecían una “sentencia sumaria contra la República por sus reclamos por incumplimiento de contrato”.

Presta dijo, además, que las pretensiones de los demandantes son válidas según la ley local, que usó para juzgar el caso.

Según un cálculo que hicieron los demandantes, utilizando el reglamento de YPF y estimando diferentes escenarios de intereses a lo largo de todo el juicio, la demanda podría tener un costo en un rango de entre 8 mil 500 millones de dólares y hasta  20 mil millones de dólares. Con todo, la palabra final la tendrá la jueza.

Preska hizo lo que se esperaba: dejó afuera a la empresa del caso y fue cautelosa, porque no puso el número pero fijó lineamiento para que el juicio siga en su corte y se determine la compensación económica. Habrá apelaciones, pero Burford podría pedir embargos si el país no paga o no deposita garantías. 

Es un fallo positivo para YPF, porque la jueza reconoce que la compañía no tenía responsabilidad y no es garante del estado nacional. Con lo que sus activos están fuera de riesgo. Por otro lado, es importante destacar que no se hace lugar a todos los pedidos de los demandantes.

La expropiación fue una decisión política tomada hace una década que generó un fuerte reclamo de privados que fueron socios de la petrolera y se consideran damnificados; la causa se cursó en Nueva York porque la empresa argentina cotiza en Wall Street.

El proceso comenzó en la última etapa del gobierno de Cristina Kirchner, siguió en la administración de Mauricio Macri, y comenzó a definirse durante la gestión de Alberto Fernández. Hasta la Corte Suprema de Estados Unidos fue consultada sobre el tema en 2019 y rechazó analizar el caso. 

Esta demanda ya había tenido cuatro fallos adversos de diferentes cortes estadounidenses y ni una sola victoria importante para Argentina.La trama judicial concitó particular atención política en los últimos meses en medio de un fuerte contexto de escasez de dólares por las posibles reclamaciones económicas que podrían tener un fallo final hostil.

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