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Argentina no vivía una situación económica como la actual desde hacía 32 años. En 2022, se registró una inflación anual del 94.8 por ciento, una de las más altas del mundo.
El récord anterior, establecido en 1991, marcó el final de un ciclo de recesiones e hiperinflación.
Para combatirla, las autoridades argentinas alinearon el tipo de cambio del peso con el del dólar estadounidense sobre la base de 1 dólar = 1 peso.
Esto permitió recuperar la confianza en la moneda argentina y frenar el efecto de impresión monetaria. Es decir, la creación excesiva de dinero por parte del Banco Central, que provocaba una rápida inflación.
A pesar de estas medidas, el país ha tenido una inflación crónica durante décadas. Sus causas son tanto internas como externas y están vinculadas a las crisis que han debilitado al país y obstaculizado su desarrollo.
En los últimos 50 años, el crecimiento económico de Argentina ha sido muy volátil, alternando periodos de fuerte crecimiento con períodos de crisis. Esta inestabilidad es producto de los numerosos cambios introducidos por los gobiernos que se han sucedido en Argentina.
A finales de la década de 1990, muchas monedas latinoamericanas se depreciaron frente al dólar estadounidense; además, la crisis de Brasil, principal socio económico de Argentina, y la caída de los precios de las materias primas afectaron a la economía del país, que sufrió varios años de recesión.
Para restablecer la confianza en la economía argentina, el gobierno argentino firmó en diciembre de 2000 un acuerdo con el FMI. Sin embargo, el FMI dio por concluido el programa a finales del año siguiente, al considerar que no se estaban cumpliendo los compromisos del Gobierno argentino en materia de finanzas públicas.
Argentina cayó entonces en el impago de su deuda y entró en una profunda crisis política y económica. En el lapso de un mes tuvo cinco presidentes interinos, a la vez que se aplicaba el corralito financiero: una medida que limitaba a 250 dólares semanales los retiros bancarios de los particulares.
Tras la crisis de 2001, las políticas económicas aplicadas por los presidentes de centroizquierda Eduardo Duhalde (2002-2003) y Néstor Kirchner (2003-2007) se basaron esencialmente en el proteccionismo, el intervencionismo estatal y el apoyo al consumo.
Desde principios del 2010, la economía argentina alterna un crecimiento débil con periodos de recesión. Surgen numerosos desequilibrios (tipo de cambio sobrevalorado, inflación elevada, aumento del déficit presupuestario y de la balanza de pagos, reducción de las reservas de divisas).
La doble crisis cambiaria de 2018 volvió a sumir al país en la recesión y llevó al Gobierno de Mauricio Macri a solicitar un nuevo apoyo al FMI .
La pandemia del Covid-19 empeoró una situación económica ya precaria para Argentina que, en 2020, experimentó una recesión de casi el 10 %. Esta caída en sus resultados económicos fue un efecto directo de las medidas de contención sobre la actividad económica, y a la disminución de los ingresos procedentes de las exportaciones agrícolas y turísticas provocadas por el confinamiento que fue muy rígido.
Desde entonces, la desigualdad, ya prevalente tras años de crecimiento económico errático, ha empeorado: la tasa de pobreza, en aumento desde 2017, alcanzó el 42 por ciento en 2020. Ese mismo año, la tasa de desempleo, en aumento desde 2013, llegó al 11.5 por ciento, aunque sin alcanzar las cifras del periodo del corralito bancario.
Ya décadas después, desde el comienzo de la guerra de Ucrania, en febrero de 2022, se ha acelerado la subida de los precios de las materias primas.
El FMI estima que la inflación importada es elevada: un aumento del 10 por ciento en los precios mundiales de los alimentos y la energía podría generar un incremento de la inflación argentina de alrededor del 1.6 por ciento en 12 meses.
En este complicado contexto, el Gobierno de Alberto Fernández, elegido en 2019, llegó a un acuerdo con el FMI sobre un nuevo programa de ayudas en marzo de 2022. Este acuerdo, el número 22 entre Argentina y el Fondo, no resuelve los problemas estructurales del país, sino que propone ajustes realistas, relativamente realizables y pragmáticos para estabilizar la economía.
Las elecciones generales de octubre de este año podrían dar lugar a una reorientación de las políticas económicas argentinas. De hecho, es posible que el partido que herede el poder este año –ya sea la coalición actual o un nuevo grupo político– intente renegociar algunos elementos del acuerdo, sin cambiar sus fundamentos.
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En cualquier caso, en 2023, Argentina seguirá expuesta a una serie de perturbaciones que podrían tener importantes consecuencias económicas y sociales.
A esto se suma el impacto de la histórica sequía con consecuencias devastadoras, en momentos en que necesita divisas para cumplir con las metas de reservas y déficit fiscal de un millonario acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
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