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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó medidas de protección y la liberación de 11 opositores presos en Nicaragua, quienes fueron detenidos en el marco de la crisis política y social vivida desde el 2018 a raíz de las protestas en contra del gobierno de Daniel Ortega.
El organismo internacional emitió una resolución en la que otorga “medidas urgentes, para proteger y garantizar su derecho a la vida, integridad, salud, acceso a alimentación adecuada e integridad personal” a favor de 11 personas que organizaciones no gubernamentales consideran presos políticos y sus familiares.
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Los beneficiarios son Norlan José Cárdenas Ortiz, Jaime Enrique Navarrete Blandón, Osman Marcel Aguilar Rodríguez, José Santos Sánchez Rodríguez, Ezequiel de Jesús González Alvarado, Denis Javier Palacios Hernández, Uriel José Pérez, Ernesto Antonio Ramírez García, Edder Oniel Muñoz Centeno, Nidia Lorena Barbosa Castillo y Juan Lorenzo Holmann Chamorro. Las medidas de protección se extienden también a los núcleos familiares de estas personas en Nicaragua.
La CIDH detalló que el Estado de Nicaragua ha expresado su no aceptación y rechazo a las medidas provisionales adoptadas en favor de 75 opositores al gobierno. Las resoluciones rechazadas por el gobierno de Daniel Ortega son las del 24 de junio, 9 de septiembre, 4 y 22 de noviembre de 2021, así como del 25 de mayo y 4 de octubre de 2022.
En todas esas resoluciones, la CIDH ha ordenado la liberación inmediata de los opositores encarcelados, entre quienes destacan excandidatos presidenciales, periodistas, líderes sociales, empresarios, estudiantes, entre otros.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, la cual se ha acentuado por las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
En abril de 2018, miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega debido a que respondió con la fuerza. Las protestas dejaron al menos 355 muertos, según la CIDH, aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el gobierno reconoce 200.
También el mismo día frente a una audiencia en la ciudad de Managua, Nicaragua, la justicia de ese país determinó enviar a juicio a monseñor Rolando Álvarez, religioso católico reconocido en los últimos meses como una de las principales voces de resistencia frente al régimen del mandatario de ese país, Daniel Ortega.
De acuerdo con las autoridades judiciales de ese país, afectas al poder Ejecutivo, el religioso fue acusado de conspiración, además de ser vehículo para la propagación de lo que la justicia de su país determinó como noticias falsas.
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La decisión de enviar a monseñor Álvarez a juicio se conoció este mismo martes a través de una nota de prensa en la que no se entregaron mayores detalles de lo que viene en el proceso en contra del religioso, no se precisa la fecha en la que este deberá comparecer nuevamente ante las autoridades judiciales para responder por los delitos de los que se le señala.
El religioso se desempeñaba como obispo de la diócesis de Matagalpa al momento de su captura.
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