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El gobierno de Nayib Bukele no da tregua a las pandillas en El Salvador.
Cifras de la policía revelan que se han detenido a 55.062 personas en los últimos 7 meses. El presidente de El Salvador está dispuesto a eliminar a las pandillas de su país.
El régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial, se instauró en respuesta a una escalada homicida que cobró la vida de 87 personas en marzo pasado.
Desde entonces, las autoridades han logrado decomisar mil 644 armas de fuego, 2 mil 026 vehículos, 12 ,mil 842 teléfonos celulares y 1.2 millones de dólares.
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La Dirección de Centros Penales construye una gigantesca cárcel para albergar a 40 mil pandilleros en una zona rural de Tecoluca, en el centro del país, que debe estar operativa antes de fin de año.
La mayoría de los detenidos pertenecen a la Mara Salvatrucha (MS-13) y a la Barrio 18.
Antes de marzo, en las cárceles de El Salvador había 16 mil pandilleros encarcelados.
Según trascendió de una reunión celebrada el sábado 15 de octubre por el presidente Nayib Bukele con su Gabinete de Seguridad y la nueva Procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, el gobierno presentará proyectos de reformas para enjuiciar a las pandillas y a sus integrantes como organizaciones terroristas.
La idea no es nueva pues ya desde 2015 esos grupos fueron declarados como terroristas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, y con las modificaciones previstas se busca enjuiciarlos en los tribunales como tales.
Durante la sesión de trabajo Bukele dijo que es importante reafirmar y aumentar las estrategias de seguridad implementadas. “Ya se hicieron dos o tres paquetes de reformas, pero este nuevo es para enjuiciarlos como organización y no individualmente”, afirmó.
El mandatario propone un enjuiciamiento como organización para que esto no vuelva a pasar y que no vayamos a sembrar las semillas del delito del futuro.
La iniciativa estará compuesta por reformas sobre las cárceles, reinserción de los colaboradores de pandillas, para que purgar su pena mínima de 20 años les sirva para incorporarse a la sociedad, como lo hacen los reos comunes, adelantó el gobernante.
Bukele calificó de estructura internacional a esos grupos delincuenciales y dijo que, sin desconocer sus derechos, primero están los derechos de los ciudadanos honrados de su país.
El Salvador tiene uno de los sistemas penales más sobrepoblados de América Latina y varias organizaciones humanitarias han denunciado las pésimas condiciones en las cárceles.
Sin embargo, de acuerdo a numerosas investigaciones, los miembros de bandas criminales encarcelados gozan de numerosos privilegios, entre ellos teléfonos celulares y comidas especiales.
Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro administraciones.
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Los Mara Salvatrucha se originaron en cárceles de EEUU en la década de 1980, cuando miles de salvadoreños, desplazados por la guerra civil, se asentaron en algunos distritos centrales de la ciudad de Los Ángeles.
En esos barrios, de los más poblados y pobres de la urbe, algunos de aquellos adolescentes y jóvenes, se fueron uniendo en grupos. Y con el tiempo terminaron fusionándose en una única organización, la temida Mara Salvatrucha, o MS-13.
Fue con la deportación de algunos de sus miembros que la pandilla llegó a Centroamérica, donde el fenómeno se multiplicó e invadió esa parte del continente. Ahora Bukele pretende erradicarlas para siempre y convertir a El Salvador en un país seguro para sus habitantes y la inversión privada.
