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La mayor filtración de documentos financieros, los Pandora Papers, han destapado los entramados de compañías offshore que tienen centenares de personajes muy conocidos, que van desde el rey de Jordania hasta la cantante colombiana Shakira y el antiguo entrenador del Barcelona FC, Pep Guardiola.
Entre ellos hay 130 multimillonarios que aparecen en la lista de los más ricos de la revista Forbes, además de celebridades y 330 políticos de más de 200 países y territorios. Entre estos últimos, aparecen tres presidentes latinoamericanos además de 11 exmandatarios de la región.
Los presidentes de Chile, Sebastián Piñera; Ecuador, Guillermo Lasso, y República Dominicana, Luis Abidaner, han sido señalados de haber tenido empresas en lugares donde la carga tributaria es mínima.
Piñera, por ejemplo, utilizó una firma en las Islas Vírgenes Británicas para realizar la compra y posterior venta de Dominga, una polémica minera en Chile. Si bien la mayor parte de los detalles de esta operación ya eran conocidos, los Pandora Papers añaden un dato aún más controvertido: el presidente recibió tres pagos por la minera y el último de estos estaba condicionado a que el gobierno no declarara reserva natural la zona en la que se llevaría a cabo la actividad minera.
Aquel gobierno que debía decidir si proteger la zona o no era el que lideraba el propio Piñera, quien finalmente optó por permitir la explotación de la zona. El mandatario, cuyo sucesor debe elegirse el próximo 21 de noviembre, asegura que no dirige sus negocios ni inversiones desde 2009 y que estos están en manos de un fideicomiso ciego, según informó el diario El País.
El ecuatoriano Guillermo Lasso aparece en la investigación por haber recurrido, según los Pandora Papers, a más de una docena de sociedades financieras en Panamá y Estados Unidos, según El País, aunque se deshizo de estas antes de postularse a la presidencia este año. Lasso aseguró al diario ecuatoriano El Universo que no tiene en la actualidad ningún lazo con estas entidades.
El dominicano Luis Abinader también fue señalado por algunos de los 11,9 millones de archivos de la filtración coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en sus siglas en inglés). Según estos, Abinader habría utilizado dos sociedades con sede en Panamá para gestionar activos en su país. Él defiende que declaró estas y otras empresas offshore a su nombre cuando asumió la presidencia y que entonces las colocó bajo un fideicomiso revocable.
Tener una empresa offshore no necesariamente incumple la ley, esto depende de cada país. Sin embargo, sí es considerado cuestionable en materia de ética por muchos, pues el uso de estos mecanismos ayuda a las fortunas más grandes de un país a tributar menos y fuera de su territorio, haciendo que muchos Estados dejen de recaudar dinero que podría contribuir a obras y políticas públicas.
