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Un nuevo hito se registró esta semana en la economía mundial, después de que 130 países acordaran un plan para reformar las normativas tributarias a nivel global. El objetivo es nivelar las distintas cargas fiscales que hay en cada Estado para que les sea más difícil a las grandes empresas aprovecharse de estas diferencias para pagar menos de lo que les toca.
El plan lo impulsa la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y es fruto de una década de negociaciones, según informó este organismo en una nota de prensa. En ella, la OCDE afirma que su iniciativa “apunta a asegurar que las grandes empresas multinacionales paguen impuestos donde operan y generan ganancias, a la vez que añade las muy necesarias certeza y estabilidad al sistema fiscal internacional”.
El establecimiento de sedes corporativas en países donde los impuestos son menores es un tema que ha causado mucha polémica en los últimos años. A medida que crece el número de multinacionales, cada vez se vuelve más evidente el poco o nulo retorno en forma de impuestos que generan en aquellos países de donde obtienen sus ingresos.
Entidades como la Unión Europea (UE) han intentado actuar sobre este problema, imponiendo sanciones a multinacionales (sobre todo, las tecnológicas estadounidenses) por recibir un trato favorable en materia fiscal en países como Luxemburgo e Irlanda, donde establecían sus sedes para pagar menos impuestos por lo que facturan en todo el territorio de la UE. Pero muchas de estas multas han sido recurridas con éxito por las empresas y su legalidad todavía está siendo dirimida en los tribunales.
La idea de crear una tasa fiscal mínima ha rondado los despachos de organizaciones como la UE y la OCDE durante años, pero no ha sido hasta que el gobierno estadounidense de Joe Biden la apoyado que por fin se podrá materializar.
El plan de la OCDE se basa en dos pilares. El primero, “asegurará una distribución de las ganancias y los derechos fiscales más justa entre los países con respecto a las multinacionales más grandes”, afirmó la OCDE. “Reasignaría algunos derechos fiscales sobre multinacionales de su país de origen a los mercados donde tengan operaciones y obtengan beneficios, sin importar que estas firmas tengan una presencia física allí o no”.
El segundo pilar “busca poner una base mínima a la competencia por los impuestos sobre sociedades”. Esto se lograría con la creación de una tasa fiscal corporativa mínima a nivel global, de manera que ninguno de los países firmantes cobre impuestos por debajo de esta tasa.
La OCDE prevé que su plan, cuyos detalles se finalizarán en octubre, podrían generar US$150.000 millones en ingresos fiscales cada año.
Los 130 países que apoyaron este plan suponen el 90% del PIB mundial, según la OCDE. Incluso algunos con fama de ser paraísos fiscales, como Las Islas Caimán, se han adherido al trato. Sin embargo, Irlanda, Hungría, Estonia, Barbados, Kenia, Nigeria, Sri Lanka y San Vincente y Las Granadinas no firmaron el acuerdo. Perú se abstuvo al tener actualmente un gobierno interino.
Aun así, el trato contempla que cuando una filial tribute menos en un país no adherido, su matriz deberá compensar este ahorro en un país firmante, según explicó la BBC.
