Português
English
Français
Русский
El gobierno de España aprobó este martes indultar a los nueve líderes catalanes que se encuentran presos, condenados por sedición tras el fallido intento de declarar la independencia de su región en 2017. El presidente español, Pedro Sánchez, tomó así a una medida impopular recibida con críticas por varios colectivos y que probablemente le suponga un gran costo político.
De un lado, los partidarios de sancionar al grupo de dirigentes catalanes, con partidos de derecha y extrema derecha a la cabeza, reniegan del perdón presidencial a quienes, para ellos, pusieron en peligro la unidad del país. Acusan a Sánchez de haber tomado una decisión “unilateral” y de no respetar la ley. «Ha usado una medida de gracia para dar un golpe de gracia a la legalidad, pervirtiendo la figura del indulto para concederlo por primera vez a quien no lo solicita, no se arrepiente y además amenaza con reincidir», dijo esta semana el jefe de la oposición, Pablo Casado.
Del otro lado, los defensores del independentismo le reprochan a Sánchez haber optado por indultos en vez de una amnistía que también acabe con las causas que pesan sobre otros exlíderes catalanes en el extranjero, entre los que está el expresidente regional, Carles Puigdemont, que lleva varios años en Bélgica. “Nosotros no hemos llegado hasta aquí para que nadie nos perdone, menos parcialmente y menos el Estado que nos está reprimiendo”, afirmó la portavoz del partido independentista JxCat, Miriam Nogueras.
Con sentencias de entre 9 y 13 años, el grupo de dirigentes en prisión incluye al exvicepresidente del gobierno catalán, Oriol Junqueras, y a varios exconsejeros de su Ejecutivo; también a la expresidenta del Parlamento regional, Carme Forcadell, y a los antiguos líderes de las dos principales asociaciones civiles impulsoras del independentismo en Cataluña: Òmnium y la Asamblea Nacional Catalana (ANC). Algunos también fueron condenados por malversación, tras usar fondos públicos para financiar un referéndum sobre la independencia catalana prohibido por la justicia española.
Una “nueva etapa”
El gabinete de Sánchez defiende que los indultos servirán para que el país, que vivió una intensa polarización en los últimos años respecto al independentismo catalán, inicie “una nueva etapa” en Cataluña, dejando atrás “el desgarro del procés”, como se llama a la hoja de ruta del gobierno regional para conseguir la secesión.
Sin embargo, el mismo Tribunal Supremo se ha mostrado contrario al perdón del Ejecutivo. En un comunicado, la corte que condenó a los dirigentes catalanes afirmó que las penas que dictó para ellos eran proporcionales, que estos no mostraban indicios de arrepentimiento y que los indultos habían sido pedidos por terceros con argumentos que “desenfocan el sentido del indulto porque dibujan una responsabilidad penal colectiva y, además, pretenden que el gobierno corrija la sentencia dictada por el Tribunal Supremo”.
¿Por qué entonces el gobierno sigue adelante con una medida que, según una encuesta publicada por el diario El Mundo, el 61% de la población rechaza?
Según el propio Junqueras, que lleva cuatro años en prisión, el gesto del Ejecutivo no se debe a una acción magnánima sino a un temor ante lo que pueda decidir el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. De momento, tres de los condenados han recurrido sus sentencias ante esta corte, aunque se prevé que el resto les siga los pasos.
Un fallo favorable de este tribunal para los presos sería un duro golpe a la imagen de la democracia en España a nivel internacional, donde todavía se recuerda las imágenes de policías golpeando a los ciudadanos que participaban en el referéndum ilegal.
“Los indultos son un triunfo porque demuestran algunas de las debilidades del aparato del Estado. Porque cuando las decisiones que se han tomado en algunos de esos aparatos se confronten con la justicia europea, no resistirán el examen. El Estado intenta ahora protegerse contra las medidas abusivas que ha tomado anteriormente”, dijo Junqueras en una entrevista en Catalunya Ràdio.
Un día antes de que se aprobaran los indultos, el Consejo de Europa, una organización que aboga por un espacio político y jurídico común en el continente, aprobó un informe en el que se mostraba a favor de que España indultase a los condenados, reformase el delito de sedición y retirase las órdenes de captura internacionales contra el resto de acusados que están en el extranjero. De momento, todos los intentos de extradición contra ellos han fracasado.
Además de los indultos, el gobierno plantea reformar el delito de sedición. Sin embargo, no retirará los cargos que todavía pesan contra Puigdemont y otros cuatro políticos catalanes en el extranjero.
Sánchez, quien explicó que los indultos son parciales y condicionados a que los líderes no cometan delitos en varios años, aseguró que quiere que estos sirvan para “cerrar de una vez por todas la división y el enfrentamiento”.
