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La polémica “guerra contra las drogas” impulsada por el presidente filipino, Rodrigo Duterte, está en la mira de la Corte Penal Internacional (CPI), que quiere investigar si en el contexto de esta campaña antinarcóticos se cometieron crímenes de lesa humanidad.
Al poco de tiempo de asumir el mando en 2016, Duterte inició una persecución contra adictos y comerciantes de droga que acabó con la vida de miles de personas sospechosas de serlo. Al menos un centenar de ellos eran menores de edad, según la ONG Human Rights Watch.
En total, la policía filipina asegura que más de 6.000 personas fallecieron en operaciones de las fuerzas de seguridad entre 2016 y 2020. Sin embargo, asociaciones y entidades que velan por los derechos humanos elevan esta cifra a entre 12.000 y 30.000.
La fiscal jefa de la CPI, Fatou Bensouda, anunció esta semana que su organismo cuenta con “bases razonables para creer que el crimen de lesa humanidad del asesinato se ha cometido”, después de concluir una pesquisa inicial comenzada en 2018 que llevó a Duterte a tomar la insólita decisión de retirar a Filipinas de la CPI.
Pese a que Manila ya no está dentro de este organismo, Bensouda defendió que la CPI aún puede juzgar al país por los crímenes cometidos durante el tiempo en el que todavía era miembro. Ahora, la fiscal debe esperar a que del tribunal global la autoricen a empezar una investigación oficial.
Crimen de lesa humanidad
La CPI considera un crimen de lesa humanidad aquel que se haya cometido, ya sea en tiempos de paz o de guerra, de manera organizada, sistemática y con conocimiento sobre la población civil.
Pueden ser de 11 tipos: asesinato, genocidio, terrorismo, esclavitud, deportación, encarcelamiento, tortura, violación, persecución, desaparición forzada (que incluye la detención y el secuestro) y apartheid.
En el caso de Filipinas, la fiscal considera que se pudo haber cometido el primero, el de asesinato. La campaña antidrogas de Duterte incluyó llamados a la población civil a matar drogadictos y él mismo ha dicho haber acabado con la vida de presuntos delincuentes cuando era alcalde de la ciudad de Dávao.
Como consecuencia, miles de personas fallecieron a manos de las fuerzas de seguridad dentro y fuera de operaciones policiales, pero también a las de lo que Bensouda cree que fueron “ciudadanos particulares reclutados, coordinados y pagados por la policía para que maten a civiles”. El gobierno no exigió que se probara si las víctimas consumían o vendían droga, bastaba con sospechar de ellas para poder acabar con sus vidas.
Bensouda también ha solicitado permiso para investigar los asesinatos cometidos en Dávao entre 2011 y 2016, cuando Duterte estaba al mando de la municipalidad, y las acusaciones de “tortura y otros actos inhumanos” que se remonten hasta 2011.
El gobierno de Duterte, que no acaba hasta mayo de 2022, ya ha anunciado que no colaborará con la investigación de la CPI, mientras que el ministro de Justicia, Menardo Guevarra, ha asegurado que está indagando por su cuenta los abusos en los que puedan haber incurrido las fuerzas de seguridad y que, junto a la ONU, está trabajando para promover un “enfoque de lucha antidrogas basado en los derechos humanos”.
Sin embargo, Duterte siempre ha defendido su sangrienta guerra antidrogas y, si bien ha negado haber autorizado matanzas extrajudiciales, en sus discursos ha amenazado con la muerte a los narcotraficantes e incluso en uno televisado llegó a ordenar al máximo mando de aduanas “disparar y matar” cuando detecte a uno: “Yo te apoyaré y no serás encarcelado”.
