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Haití, el país más pobre de América Latina, vive varias semanas de protestas violentas contra su presidente, Jovenel Moïse. Pero, ¿por qué?
Moïse lleva cuatro años en el cargo en un país donde los mandatos presidenciales duran cinco, por lo que, en teoría, le quedaría todavía un año al frente de Haití. Sin embargo, la oposición considera que su gobierno expiró el pasado 7 de febrero y le acusa de querer perpetuarse en el poder.
El desacuerdo de fechas se remonta a las elecciones por las que Moïse llegó a la presidencia, celebradas en 2015 y 2016. El resultado de las primeras fue bastante polémico, con acusaciones de fraude y sumió al país en un año de incertidumbre, pues hubo que esperar hasta finales de 2016 para que se repitieran. Finalmente, fue declarado ganador Jovenel Moïse, el candidato apoyado por el expresidente Michel Martelly.
Como consecuencia, Moïse defiende que su mandato no acaba hasta febrero de 2022, puesto que tuvo que esperar hasta febrero de 2017 para ser investido. La oposición, por el contrario, asegura que el año durante el cual se dirimieron los resultados también debe contarse, una postura que recibió el apoyo de la Justicia haitiana.
El Consejo Superior del Poder Judicial de Haití determinó hace unas semanas que el gobierno de Moïse finalizó el pasado 7 de febrero. Tras esta decisión, los partidos opositores nombraron «presidente de la transición» al juez Joseph Mecène Jean Louis, dejando a Haití con dos jefes de gobierno.
Escasa popularidad
Miles de haitianos salen a la calle desde hace varias semanas para exigir la dimisión de Moïse, un presidente poco popular desde sus inicios.
Moïse fue elegido en unos comicios en los que apenas participó un quinto del electorado. Cuenta con 26 diputados en una Cámara de 119 y solo dos de los 30 escaños que hay en el Senado. Ante esta débil posición, ha optado por gobernar a base de decretos presidenciales y, aun así, ha incluido en la agenda de este año planes tan ambiciosos como una reforma de la Constitución. Esta ampliaría las facultades del Ejecutivo y permitiría la reelección inmediata, aunque Moïse insiste en que no piensa presentarse a los próximos comicios.
El presidente haitiano es un empresario de orígenes humildes que, tras graduarse de la universidad, se dedicó a varios proyectos de desarrollo en zonas rurales. En 2012, creó Agritrans, una compañía de producción y exportación de plátanos que creció gracias a cuantiosas subvenciones públicas recibidas durante el gobierno de Martelly. Esto hizo que sus detractores le acusaran de ser un títere del exmandatario, a quien las leyes haitianas no le permitían presentarse a la reelección.
Pero según Moïse, lo que sucede ahora en Haití es un golpe de Estado organizado por la oligarquía haitiana: familias y empresarios “que controlan los principales recursos del país, que siempre han puesto y quitado presidentes y que utilizan la calle para crear desestabilización”, según le dijo al diario español El País. El presidente alega que una nueva Constitución es necesaria para hacer cambios como permitir el voto de los haitianos residentes en el extranjero y “equilibrar” los tres poderes en una nación donde el jefe de gobierno tiene limitaciones como, por ejemplo, no poder nombrar a su propio gabinete.
Mientras tanto, las protestas continúan en un Estado donde más del 60% de la población está en riesgo de pobreza, muchos de ellos en peligro de hambruna y los accesos a servicios básicos son limitados. A esto se suma el aumento de la violencia en las calles, con bandas criminales que han intensificado su actividad durante el último año con delitos como los secuestros, que se han disparado durante la pandemia de Covid-19.
No obstante, de momento, Moïse parece contar con el respaldo de la comunidad internacional, con Estados Unidos a la cabeza. Un portavoz del Departamento de Estado estadounidense aseguró hace unos días que Moïse debería ser reemplazado por un nuevo líder en febrero de 2022.
