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Las fuerzas militares y policías privados van en crecimiento en América Latina, que tiene las 10 ciudades con más violencia en el mundo. Y el armado de esos ejércitos para prevenir y combatir a la inseguridad en Argentina, Colombia y México es un negocio millonario.
Hoy hay preocupación por el notable crecimiento de la delincuencia común y organizada en América Latina, ya que “en nuestros países tenemos todas las evoluciones de las formas del crimen organizado”, declara Salvador López Contreras, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP).
“En México, la seguridad privada produce casi el 2 por ciento del producto interno bruto (PIB) nacional”, dice el representante de la agrupación, que tiene afiliadas a 181 empresas nacionales e internacionales establecidas en México encargadas de prevenir la violencia.
Hoy las empresas de seguridad enfrentan algunos problemas relacionados con las políticas públicas instrumentadas en la materia, las cuales están dando evidencia de que sus resultados no eran los esperados o no son la estrategia adecuada para la amenaza y los riesgos que estamos enfrentando, expresa el empresario.
El trabajo de las empresas de seguridad en México privadas es ofrecer servicios de escoltas, vigilancia y bunkers a los millonarios, empresas y clase media para que no sea secuestrada, extorsionada o asesinada.
Actualmente, en las filas de AMESP trabaja el 30 por ciento del total nacional de trabajadores de la industria de la seguridad privada, quienes son los encargados de salvaguardar y evitar cualquier ataque a los hombres y mujeres con dinero.
Las empresas privadas de seguridad de Argentina, Colombia y México se unen con el propósito de enriquecer conocimientos y aportar experiencia para dar soluciones concretas al problema de inseguridad que se vive día a día, recuerda Salvador López Contreras.
“Las estimaciones de los costos totales revelan que el delito (y violencia) les cuesta en promedio, a los países de América Latina y el Caribe, un 3 por ciento del producto interno bruto (PIB)”, según el Banco Interamericano de Desarrollo.
El costo del delito en América Latina y el Carine tiene un límite inferior del 2.41 por ciento y un límite superior del 3.55 por ciento, así como una amplia gama de variaciones que ilustran la heterogeneidad, explica el organismo.
“En algunas naciones, los costos del crimen duplican el promedio regional (especialmente en Centroamérica) y en otras alcanzan a menos de la mitad”, expresa.
“Esto representa, para toda la región, un costo de hasta 236 mil millones de dólares (según la paridad del poder adquisitivo, PPA) o 165 mil millones de dólares (a tasas de cambio de 2014) considerando los 17 países analizados, cifras que equivalen a unos 300 dólares per cápita, como un promedio de los costos per cápita de cada país”, comenta el BID.
Pablo Correnti, vicepresidente del Consejo Argentino para la Seguridad Integrada (CAPSI), comenta que trabajan de la mano con las empresas de seguridad de México y Colombia para ver cuál es el modelo de gestión necesario para cada territorio y cuáles son los marcos normativos necesarios.
El empresario argentino señala que en algunas regiones las empresas de seguridad privada terminan siendo un auxiliar en el combate a la inseguridad y violencia del sitio, sin que se les reconozca.
En otros casos toman funciones que eran propias del Estado al ser incapaces estos de dar respuestas adecuadas a problemas como son el caso del sector ciberseguridad, manifiesta Pablo Correnti.
“En Colombia la seguridad privada aporta el 1.2 por ciento del producto interno bruto del país y está considerada como una industria de primer nivel”, calcula Carlos Alfonso Boshell Norman, representante de la Asociación Colombiana de Seguridad (ASOSEC).
El empresario colombiano compartió sus experiencias, aprendizajes y retos de la seguridad privada en su país, así como encontró cada una de las estrategias de México y Argentina en el combate del crimen.
Hay 10 mil 531 empresas de seguridad en Colombia, que se dedican a la seguridad y emplean a 380 mil elementos. Esto es superior a las fuerzas militares y la policía del país. Y esto va en crecimiento.
Agrega que con motivo de la pandemia por Covid-19 cerraron todos los sectores de la economía del país, menos el de la salud, cadenas de suministro y la seguridad y vigilancia. Este año crecieron en 40 mil puestos de trabajo adicionales, en todas las modalidades del sector como guardia, ciberseguridad y caninos.
Carlos Alfonso Boshell manifiesta que esta industria en su país ha tenido en los últimos años una gran transformación, porque dedicó gran importancia a los temas de capacitación de su personal operativo para abatir la violencia.
Manifiesta que una característica especial, es que en Colombia sólo el gobierno puede producir, fabricar e importar armas. Tiene el monopolio de estas. Y la seguridad privada, obtiene estas del gobierno, mediante permiso y licencia y nadie más.
“Ahí también, la seguridad es un servicio público primario, es decir. El Estado tiene un control de este servicio. La seguridad privada en Colombia tiene un soporte jurídico, pero no está actualizado ni modernizado, desde finales del siglo pasado y no permite la existencia de capitales extranjeros en la seguridad privada”, concluye.
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