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Colombia suma varios días de multitudinarias protestas que han dejado al menos 19 muertos y 800 heridos y ni la anulación de una reforma institucional ni la renuncia de un ministro han conseguido detenerlas. ¿Por qué?
Los colombianos salieron por primera vez el 28 de abril a manifestarse en contra de una reforma tributaria promovida por el gobierno para aumentar la recaudación en tiempos en los que la pandemia de Covid-19 ha supuesto un duro golpe para la economía.
Con el nombre de “Ley de Solidaridad Sostenible”, el Ejecutivo esperaba que esta norma ayudara a recolectar unos US$6.850 millones. Entre los cambios que esta traía, estaban la ampliación de la base de contribuyentes, de modo que todo aquel que cobrara más de 2,4 millones de pesos al mes (unos US$660) iba a tener la obligación de declarar su impuesto a la renta en 2022. En 2023, este deber se iba a extender a quienes ganaran más de 1,7 millones de pesos (unos US$470). Además, también se incluían aumentos fiscales a los sectores de mayores ingresos, así como tasas verdes que penalizaban los combustibles fósiles y los plásticos de un solo uso.
La oposición y los sindicatos respondieron liderando protestas que tuvieron gran acogida, reuniendo a miles de personas a lo largo de seis días. Los enfrentamientos con la policía han acabado con la vida de 18 civiles y un agente, según la Defensoría del Pueblo, aunque otras entidades como la ONG Temblores sugieren que el número de fallecidos podría ser más alto.
Para calmar los ánimos, el Ejecutivo anunció esta semana que daría marcha atrás en la reforma tributaria y el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, renunció a su puesto. Sin embargo, las manifestaciones continuaron el lunes y hay una nueva convocatoria para el 5 de mayo.
Una economía en recuperación
El objetivo de la Ley de Solidaridad Sostenible era reunir fondos para afrontar la crisis económica generada por la pandemia.
La economía colombiana se contrajo un 6,8% en 2020, la caída más aguda de los últimos 45 años. Si bien se espera que suba alrededor de un 5% este año, el Ejecutivo ha advertido que el país se endeudará aún más en 2021 ante los gastos que suponen los esfuerzos para recuperación económica.
Si bien la reforma contenía algunos impuestos dirigidos a las clases más altas, las medias y las más bajas también se veían afectadas por ella en momentos en los que muchas familias han perdido su empleo o han visto disminuir sus ingresos. El año pasado, la pobreza monetaria aumentó en 3,6 millones de personas y ya supone el 42,5% de la población, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia.
Según este mismo organismo, la desigualdad también se incrementó con la pandemia. Pero aún más preocupante fueron las cifras de pobreza extrema, que subieron del 9,6% de 2019 al 15,1% de 2020. Esto quiere decir que 2,8 millones de personas cayeron en la pobreza extrema el año pasado.
En Colombia, ya había un descontento social que había generado protestas y que fue interrumpido por la pandemia. Ahora, miles de personas han retomado sus reivindicaciones y, pese a que la reforma se ha cancelado, continúan saliendo a la calle a exigir una economía más igualitaria.
A esto se suma el rechazo a la violencia policial, que se ha acrecentado con las muertes de manifestantes. Es por eso que otra de las reivindicaciones es una reforma de las fuerzas policiales y, sobre todo, el desmantelamiento del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). Pero esta es solo una de las decenas de medidas que piden los manifestantes, por lo que la sola renuncia del ministro y la anulación de la reforma no han bastado para calmar los ánimos.
