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El monseñor Rolando Álvarez es obispo de la Diócesis de Matagalpa y una de las voces más críticas de la jerarquía católica de Nicaragua.
El 10 de febrero de 2023, el régimen de Daniel Ortega lo condenó a 26 años de prisión por traición a la patria, un día después de que se negara a ser expatriado a Estados Unidos.
Además, un tribunal sandinista lo despojó de la ciudadanía nicaragüense, la misma medida a la que fueron sometidos los 222 presos políticos que fueron liberados en Managua y enviados a Estados Unidos.
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El fallo judicial indica que a monseñor Rolando Álvarez le fueron impuestos diez años por el supuesto delito de conspiración, cinco años por propagación de noticias falsas, cinco años y cuatro meses por obstrucción de funciones agravadas y un año por desacato a la autoridad.
La sentencia se dictó cinco días antes de la cita de los testigos para el caso, como estaba previsto según la información publicada en su momento MosaicoCSI, un referente mediático del norte del país.
Daniel Ortega y Rosario Murillo culpan a la Iglesia Católica de Nicaragua de apoyar el levantamiento ciudadano que comenzó en abril de 2018, lo que califican de “intento de golpe de Estado”, y mantienen un acoso constante contra algunos sacerdotes y obispos.
El obispo Rolando Álvarez se encuentra preso en una celda de máxima seguridad, conocida como El Infiernillo, en la cárcel La Modelo en Nicaragua, luego de ser condenado.
El Infiernillo es conocido por las condiciones infrahumanas en las que habitan quienes llegan a estar en ella. Esta es la cárcel que habitualmente utiliza el régimen de Daniel Ortega para recluir a los presos políticos.
En un análisis judicial, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) sostuvo que se trata de acciones repudiables contra monseñor Álvarez, “el más inocente entre los inocentes y alertamos que esta acción perversa del régimen es la reafirmación de la destrucción total de la institucionalidad y el Estado de derecho en Nicaragua. Alertamos que la seguridad y la vida de Monseñor está en riesgo”.
El Cenidh calificó como farsa judicial el proceso y dijo que tenían información de que no hubo “ningún juicio en el presente caso”.
Es lamentable este hecho y lo que está sucediendo con los presos de la oposición en Nicaragua, es un delito de lesa humanidad de persecución y encarcelamiento forzoso contra monseñor Álvarez y los 222 presos.
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